¿Más leyes, menos claridad? La trampa de legislar sin acceso en Panamá
En América Latina, el crecimiento continuo del entramado legal no siempre refleja una sociedad más justa. Desde Panamá hasta Argentina, cada año surgen nuevas leyes, reformas y decretos. Sin embargo, lo que se supone que debería fortalecer la justicia, en realidad obstaculiza su acceso. En una reciente conferencia en Colombia, un jurista comparó el fenómeno legislativo con una “torre de Babel”: un sistema repleto de reglas que nadie comprende completamente. En esas circunstancias, la creación de más normas no soluciona nada; agrava el silencio informativo.
El ritmo desbordante de la legislación
Panamá, con su dinámico entorno económico y financiero, ha sido históricamente un imán para reformas legales. La entrada en vigor de la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 81, marzo de 2019) muestra un país en sintonía con estándares globales como los de la Unión Europea. Mientras tanto, el sector financiero también se regula constantemente mediante resoluciones emitidas por la Superintendencia de Bancos, que añaden capas específicas de obligaciones en protección de información personal. Aun así, pese al ritmo legislativo, el sistema panameño no cuenta con una estructura centralizada eficiente que agrupe, organice y actualice estas normas. Las bases oficiales suelen ser fragmentadas: una para la legislación nacional, otra para resoluciones financieras, otra para reglamentos sectoriales… y los usuarios quedan navegando un archipiélago normativo.
La multiplicación de leyes en Panamá no es caprichosa. La presión internacional (antilavado, fintech, ciberseguridad) obliga a responder con regulaciones específicas. Asimismo, la rápida digitalización demanda herramientas legales nuevas. El resultado es un sistema altamente dinámico. Sin embargo, sin mecanismos de fácil acceso, lo necesario se convierte en abrumador. Nuevas leyes nacen sin revisar si ya existen normas equivalentes; resoluciones emergen sin actualización automática de las previas. Así se engendra un ecosistema legal fragmentado, redundante e ininteligible. Un estudiante de derecho, un funcionario público o un emprendedor local —quien sea— se enfrenta a barreras prácticas para saber qué realmente está vigente.
Legislación sin acceso es desigualdad
El principio de igualdad ante la ley se vuelve letra muerta si el acceso al derecho depende de factores como el poder adquisitivo, el conocimiento técnico o la disponibilidad de herramientas digitales privadas. En Panamá, esto se manifiesta en la dificultad para determinar si una norma está vigente, ha sido derogada o modificada, y en la necesidad de consultar múltiples fuentes, a menudo desactualizadas o inconexas. Por ejemplo, entender cómo la Ley 81 se relaciona con regulaciones emitidas por entidades específicas como la Superintendencia de Bancos requiere un esfuerzo de investigación que muchos ciudadanos y profesionales simplemente no pueden asumir.
La consecuencia directa es la desigualdad jurídica. Mientras algunos actores cuentan con acceso a plataformas privadas y asesoría legal especializada, la mayoría de los ciudadanos, pequeñas empresas y organizaciones sociales quedan rezagados. Esta brecha no solo impide el ejercicio pleno de derechos, sino que perpetúa una cultura de dependencia institucional y desinformación estructural. La justicia, en este contexto, se vuelve privilegio.
¿El problema está en la ley o en cómo la encontramos?
No se trata de criticar el impulso legislativo, sino de cuestionar su efectividad sin un sistema de acceso organizado. Una ley puede ser técnicamente perfecta, pero si no está fácilmente disponible o comprensible, no cumple su función social. La proliferación normativa sin una estrategia de acceso crea un entorno donde el conocimiento legal se convierte en una barrera, no en un puente.
Lo que se necesita es una infraestructura que permita ubicar rápidamente una norma, conocer su contexto, entender su relación con otras disposiciones y determinar su estado actual. Sin esto, cualquier intento de modernizar el derecho o democratizar su uso se queda en la superficie. Panamá requiere herramientas que no solo almacenen leyes, sino que las conecten con quienes las necesitan.
Acceso legal: el gran eslabón perdido
La tecnología legal, o legaltech, ofrece una respuesta concreta y urgente a este problema. Herramientas basadas en inteligencia artificial pueden facilitar búsquedas semánticas, mostrar versiones históricas de las leyes, vincular disposiciones con jurisprudencia y doctrina relevante, y ofrecer alertas sobre cambios normativos. Estas funcionalidades no deben limitarse a plataformas privadas costosas, sino integrarse en sistemas públicos accesibles.
Guatemala, por ejemplo, ha implementado el CENADOJ, un centro de documentación judicial que permite a cualquier ciudadano acceder a leyes y sentencias organizadas. En Panamá, iniciativas similares aún están ausentes o son insuficientes. El resultado es una ciudadanía desinformada, un sistema judicial sobrecargado y una legislación que pierde eficacia práctica.
Un caso real: la protección de datos
El caso de la Ley 81 sobre protección de datos personales ilustra con claridad los desafíos del acceso normativo en Panamá. Aunque esta ley representa un avance significativo, su implementación efectiva depende de una comprensión clara de su contenido y de su relación con otras normativas sectoriales. Sin una plataforma que integre la ley, su reglamento, las resoluciones relacionadas y la jurisprudencia aplicable, los actores del sistema —ya sean empresas, abogados o ciudadanos— deben invertir tiempo y recursos para reunir esta información dispersa.
Este esfuerzo no solo es ineficiente, sino excluyente. Las grandes empresas pueden permitirse departamentos legales que hagan este trabajo. Las pymes y emprendedores, no. La consecuencia es que el cumplimiento normativo se vuelve desigual, y la misma ley que pretende proteger derechos puede terminar ampliando brechas.
El impacto en la justicia ambiental
Otro ejemplo revelador es el del Acuerdo de Escazú, ratificado por Panamá en 2021. Este tratado busca garantizar el acceso a la información ambiental, la participación ciudadana y la justicia en asuntos ecológicos. No obstante, su implementación se enfrenta a un obstáculo fundamental: la falta de un sistema legal accesible. Las comunidades que necesitan defender sus derechos ambientales suelen carecer de los recursos para navegar la maraña legal que les permitiría hacerlo. Sin herramientas adecuadas, el derecho a un ambiente sano queda reducido a una aspiración abstracta.
Este tipo de paradoja es recurrente en América Latina. Se adoptan tratados progresistas y se promulgan leyes avanzadas, pero la falta de acceso estructural impide su ejecución efectiva. En el caso ambiental, esto es especialmente crítico porque las poblaciones más afectadas suelen ser también las más vulnerables social y económicamente. Sin acceso al derecho, sus reclamos quedan silenciados.
Propuestas urgentes: del caos a la claridad
La solución no está en reducir el número de leyes, sino en construir un sistema de acceso transparente, funcional e inclusivo. Un repositorio legislativo digital, centralizado y gratuito, que incluya no solo leyes sino también reglamentos, resoluciones, jurisprudencia y guías interpretativas, sería un primer paso fundamental. Este sistema debe contar con buscadores semánticos, filtros por sectores, alertas personalizadas y explicaciones en lenguaje claro.
Además, es necesario impulsar una cultura de alfabetización legal desde las escuelas y universidades. El acceso a la ley no debe depender exclusivamente de los abogados. Cualquier ciudadano debería poder comprender sus derechos y obligaciones sin necesitar un posgrado. Para ello, la tecnología debe ser acompañada por un cambio educativo que fomente el uso de herramientas legales desde la formación básica.
El Estado no puede asumir este reto solo. La colaboración con universidades, ONGs, y startups tecnológicas como LexLatam puede acelerar la creación de soluciones innovadoras. Estas alianzas permitirían mantener los repositorios actualizados, desarrollar interfaces amigables y promover el uso ciudadano del derecho como herramienta de transformación social.
Por qué esto es urgente en Panamá y en la región
Panamá enfrenta una coyuntura clave. Su posición como hub logístico, financiero y comercial lo obliga a mantenerse actualizado en materia legislativa. Sin embargo, este dinamismo legal debe ir acompañado de un sistema que permita a sus ciudadanos y actores económicos conocer, comprender y aplicar las leyes vigentes. De lo contrario, el país se expone a una creciente inseguridad jurídica, desconfianza institucional y desigualdad de oportunidades.
Además, los compromisos internacionales adquiridos —como el Acuerdo de Escazú o las normativas de protección de datos— exigen no solo cambios legislativos, sino mecanismos efectivos de implementación. La falta de acceso legal compromete la credibilidad del Estado ante la comunidad internacional y pone en riesgo la protección de derechos fundamentales.
América Latina comparte este desafío. En toda la región, se observa un fenómeno de inflación legislativa sin acceso real. Resolverlo es una cuestión de equidad, gobernabilidad y desarrollo sostenible. Panamá tiene la oportunidad de liderar esta transformación y convertirse en un referente regional en materia de acceso legal digital.
LexLatam.ai: una esperanza posible
Frente a este panorama, LexLatam propone una solución concreta. Su plataforma busca reunir toda la legislación panameña en un solo lugar, permitir búsquedas inteligentes en lenguaje natural, mostrar versiones históricas y actuales de las normas, y vincular cada ley con su contexto interpretativo. De esta forma, cualquier persona —desde un estudiante hasta un empresario— puede encontrar la información que necesita en segundos.
LexLatam no compite con el Estado, lo complementa. Su propuesta es abrir caminos donde hoy hay paredes. Es transformar el acceso al derecho en una experiencia simple, intuitiva y justa. Con el respaldo de la inteligencia artificial y una visión ética del desarrollo tecnológico, esta herramienta puede convertirse en un pilar de la modernización jurídica panameña.
El camino no es frenar la ley, es facilitarla
Panamá no necesita menos leyes. Si algo caracteriza a una nación que progresa es su capacidad para adaptarse legislativamente. Lo urgente es que esas leyes sean útiles, accesibles, intelligibles. Una infraestructura digital abierta y potente es indispensable.
Cada vez que un parlamentario, abogado o pequeño comerciante pregunte: “¿Qué ley rige mi actividad?”, debe encontrar una respuesta clara, contextualizada, al instante. Sin eso, la justicia sigue siendo una promesa.
Conclusión: construir justicia con acceso
Si hay algo que la experiencia internacional pone en evidencia es que la complejidad legal no se enfrenta con más leyes: se enfrenta con acceso. Panamá ratificó Escazú; promulgó leyes de protección de datos; invierte en digitalización judicial. Pero hoy, su desafío no es legislar más: es legislar mejor, entregando las leyes.
Por eso, si eres estudiante, abogado, funcionario, emprendedor o ciudadano común interesado, tu juicio hoy es clave. Te invitamos a usar LexLatam.ai en su fase beta gratuita. Porque el futuro de la justicia no está en el peso de la ley, sino en la claridad de su acceso. Y eso se construye con inteligencia digital, cooperación y voluntad política.
Para cerrar con un dato contundente: Panamá ocupa la posición 16 entre 32 países de América Latina en el Índice de Estado de Derecho (WJP). Está a mitad de camino, con fortalezas y retos claros. El acceso legal organizado podría empujar a Panamá mucho más arriba.